Las sucesivas huelgas de funcionarios adscritos a la Administración de Justicia ha perjudicado el ejercicio de sus trabajos y los derechos de sus clientes
Los abogados y procuradores han dicho basta. Llevan un 2023 trufado de suspensiones y aplazamientos por las huelgas que se han ido convocando sucesivamente desde enero y que, al parecer, van a tener continuidad hasta septiembre. No es sólo que su trabajo se vea dificultado, sino que han de explicar a sus clientes cómo sus pleitos se demoran o, lo que puede resultar más complicado de aclarar, el dinero que esperan no va a poder ser entregado cuando se espera. La tutela judicial efectiva, un derecho reconocido por la Constitución Española y enmarcado dentro de los Derechos Fundamentales de nuestro ordenamiento, se está viendo a juicio de los profesionales de la abogacía y la procura seriamente afectado. En defensa de los intereses legítimos de sus clientes y de su derecho a ejercer su trabajo, el Decano del Colegio de Abogados, el penalista José Carlos Arias, ha expuesto con vehemencia el problema en el acto celebrado esta mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia. Se están fijando juicios para 2026.Lo que piden abogados y procuradores es un Pacto de Estado que reforme la justicia y la convierta en un servicio público de calidad. El Decano demandó como conclusión que ahora que los distintos líderes políticos prometen las mieles de sus respectivas gestiones alguno o algunos se fijen en la situación de la justicia. De los padecimientos de profesionales que, en algunos casos, están cerrando bufetes o despidiendo profesionales porque no pueden trabajarPara muestra, un botón. La procuradora Teresa Lobo ha visto cómo en un mismo día una vista se le ha suspendido y luego que se celebra. Todo en un margen de cinco minutos. Una forma de volver locos a profesionales y clientes
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