La Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) y Amnistía Internacional, apoyadas por los principales socios del Gobierno en el Congreso, han pedido que se apruebe la proposición de ley que pretende modificar el Código Penal como primer paso para poder juzgar los crímenes franquistas.
La Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) y Amnistía Internacional, apoyadas por los principales socios del Gobierno en el Congreso, han pedido que se apruebe la proposición de ley que pretende modificar el Código Penal como primer paso para poder juzgar los crímenes franquistas.La propuesta, impulsada por ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Junts, CUP, En Comú Podém y el BNG, busca introducir la perspectiva internacional en la aplicación del principio de legalidad en la justicia española, que ha interpretado el mismo hasta la fecha como un obstáculo de cara a encausar estos hechos.Representantes de estos partidos, Ceaqua y Amnistía Internacional se han concentrado a las puertas la cámara baja, donde este martes el Pleno debate dicha proposición de ley.Según han explicado los portavoces de ambas entidades sociales, se trata de una modificación «fundamental», aunque no se postula como una vía alternativa a la nueva ley de Memoria Democrática, paralizada después de que hace cinco meses superase su primer trámite en el Congreso.Así, también reclaman que esta nueva ley modifique los aspectos de la ley de amnistía que imposibilitan juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista.Sobre la proposición de ley que se debate este martes, han concretado que pretende incorporar un aspecto normativo que abra la posibilidad a juzgar los actos que cuando fueron cometidos constituían, entre otros, delitos de lesa humanidad, que se introdujeron como figura penal en España en 2004.Así, esta «disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español» permitiría que a los familiares de las víctimas del franquismo «les sea reconocido, de forma eficaz, su derecho de acceso a la justicia», han subrayado.
