A lo mejor ha tenido noticia de que la Audiencia Nacional ha imputado a la fiscal General del Estado Dolores Delgado y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por blanquear nada menos que tres millones de euros en Panamá. Tal vez ha recibido esa información en una cadena de ‘whatsapp’ que adjuntaba un documento oficial del Juzgado Central de Instrucción y un mensaje que le advertía de que no leería sobre ese asunto en ningún gran medio de comunicación. Quizá tenga noticia de que el hombre que ha logrado tan heroica respuesta judicial es un luchador contra la corrupción, el juez decano de los juzgados de Talavera de la Reina, Fernando Presencia. El problema es que eso, la presencia, y sobre todo en cadenas de ‘whatsapp’ y de email, es lo único real en toda esta historia.
Por más que así lo diga en su página web y en sus escritos al público y a los juzgados, Presencia ni es decano de juzgado alguno ni tampoco es ya juez. Fue expulsado de la carrera en el año 2017 tras acumular dos condenas en firme por prevaricación, el ilícito más grave que puede cometer quien administra justicia. La primera se la impuso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por librar a un colega suyo de un delito de omisión de socorro y otro de lesiones en un atropello con fuga que instruía en su juzgado. Diez años de inhabilitación. La segunda, mismo tribunal, mismo delito, misma condena, en 2017: salvó a otro amigo del delito de estafa que se le imputaba también en su juzgado. Ambas resoluciones fueron confirmadas por el Tribunal Supremo, pero a Presencia no le sirve. Él, que se arroga ser el creador de la dación en pago para solventar problemas hipotecarios, se dice «represaliado» y «perseguido» precisamente por ello. Es el sistema. No que los dos a los que libró de responsabilidad penal mantuviesen una «estrecha amistad» con él.
Presencia regenta la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, Acodap, una entidad en teoría sin ánimo de lucro que fue inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior en el año 2018. Tiene sede en la calle Ayala de Madrid, pleno barrio de Salamanca, y su web alterna supuestas noticias y entrevistas con fotos suyas vestido de juez. Incluye un apartado con un «kit de denuncias». Sólo hay que descargar la documentación y firmar.
Estos contenidos se alternan con cartelones que piden financiación a los usuarios, ya sea con suscripción o de manera puntual. Es así, con donaciones de particulares que creen estar aportando a la lucha contra la corrupción, como se mantiene Acodap. Y eso que no se le conoce una sola victoria en este ámbito en los tribunales.
Cuenta con un supuesto buzón de denuncias del que saca, según afirman en sus escritos, las barbaridades con las que acude a todo tipo de instancias, desde fiscalías y juzgados de a pie hasta la Audiencia Nacional, y a las que luego da difusión en sus canales en redes sociales como si hubiesen llegado a buen puerto. Un ejemplo: según Acodap, hace unos meses el Supremo iba a meter en la cárcel a Margarita Robles. Y no es que los grandes medios lo hayan silenciado. Es que jamás llegó siquiera a abrirse causa por lo espurio de la denuncia.
En aquel momento, lo que hizo circular en redes y plataformas fue un escrito del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Rebotaba la denuncia al Tribunal Supremo habida cuenta, por absurdo que fuese el tema, de que afectaba a una aforada. En esa Fiscalía conocen bien ya las denuncias de Acodap, como en los juzgados ordinarios. Hace unos meses la asociación pedía allí la detención del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena sin sustento alguno.
Lo mismo ahora, pero con el Juzgado Central de Instrucción 6, donde el juez Joaquín Gadea, previa consulta con la Fiscalía, ha tumbado el intento de Presencia de que se abriese causa contra Delgado y Zapatero por hechos de los que sólo consta «la burda composición de unas cartas» y que ha difundido como ciertos, hasta el punto de dar continuidad al asunto en su página web: Asegura que la fiscal General no sólo está imputada sino que «se ha fugado» para evitarlo.
La gota que colma el vaso
Para el juez Gadea, lo rocambolesco del escrito «no permite descartar en absoluto la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ex profeso» para la denuncia. Es la gota que colma el vaso. Gadea no descarta que el asunto pueda volverse contra el propio Presencia porque además de la «poca solvencia» y «el carácter poco serio y creíble» de la denuncia, parece encerrar «una intención que va más allá de lo admisible en un estado de derecho». Es «un ataque» sin más contra determinadas personas. Puede ser delictivo. Ha resuelto enviar el asunto a Talavera de la Reina por si el juzgado ordinario ve indicios contra él.
En esta última iniciativa, los documentos que aporta Presencia los pone Santiago Royuela Samit, gestor del canal de Youtube «Expediente Royuela», el mismo del que alertaba ya hace una década el Centro Nacional de Inteligencia por desinformación. Considerado el QAnon español, el canal es fruto de las teorías de la conspiración del ya veterano Alberto Royuela sobre la existencia de un complot mundial de pederastas. Sus vídeos suman más de 9 millones de reproducciones y se propagan con facilidad, como las «noticias» de Presencia. En los juzgados, no van a ningún lado, pero las redes acaban creando estado de opinión sobre falsedades. Eso quiere evitar la Audiencia Nacional. El denuncia, que algo queda.
«Expediente Royuela», teoría de la conspiración y desinformación
Las denuncias que impulsa Fernando Presencia en nombre de su asociación, Acodap, a menudo exponen que han tenido conocimiento de los hechos por el supuesto buzón anónimo que tienen a disposición del público en su página web.
En esta última ocasión, el origen de los documentos se atribuye a Santiago Royuela Samit, hijo del veterano ultraderechista barcelonés Alberto Royuela, y ya conocido por el Centro Nacional de Inteligencia. En un informe de 2010, le señalaban como agente de desinformación por los bulos que difundía a partir del llamado «Expediente Rayuela» sobre la supuesta existencia de una conspiración mundial de pederastas con ramas también en España. Su hijo y sucesor gobierna ahora el expediente en forma de canal de Youtube, donde se pueden encontrar afirmaciones como que Margarita Robles trafica con drogas o Rodríguez Zapatero ordenó matar a un fiscal. Suma más de 9 millones de visualizaciones.A lo mejor ha tenido noticia de que la Audiencia Nacional ha imputado a la fiscal General del Estado Dolores Delgado y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por blanquear nada menos que tres millones de euros en Panamá. Tal vez ha recibido esa información en una cadena de ‘whatsapp’ que adjuntaba un documento oficial del Juzgado Central de Instrucción y un mensaje que le advertía de que no leería sobre ese asunto en ningún gran medio de comunicación. Quizá tenga noticia de que el hombre que ha logrado tan heroica respuesta judicial es un luchador contra la corrupción, el juez decano de los juzgados de Talavera de la Reina, Fernando Presencia. El problema es que eso, la presencia, y sobre todo en cadenas de ‘whatsapp’ y de email, es lo único real en toda esta historia.
Por más que así lo diga en su página web y en sus escritos al público y a los juzgados, Presencia ni es decano de juzgado alguno ni tampoco es ya juez. Fue expulsado de la carrera en el año 2017 tras acumular dos condenas en firme por prevaricación, el ilícito más grave que puede cometer quien administra justicia. La primera se la impuso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por librar a un colega suyo de un delito de omisión de socorro y otro de lesiones en un atropello con fuga que instruía en su juzgado. Diez años de inhabilitación. La segunda, mismo tribunal, mismo delito, misma condena, en 2017: salvó a otro amigo del delito de estafa que se le imputaba también en su juzgado. Ambas resoluciones fueron confirmadas por el Tribunal Supremo, pero a Presencia no le sirve. Él, que se arroga ser el creador de la dación en pago para solventar problemas hipotecarios, se dice «represaliado» y «perseguido» precisamente por ello. Es el sistema. No que los dos a los que libró de responsabilidad penal mantuviesen una «estrecha amistad» con él.
Presencia regenta la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, Acodap, una entidad en teoría sin ánimo de lucro que fue inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior en el año 2018. Tiene sede en la calle Ayala de Madrid, pleno barrio de Salamanca, y su web alterna supuestas noticias y entrevistas con fotos suyas vestido de juez. Incluye un apartado con un «kit de denuncias». Sólo hay que descargar la documentación y firmar.
Estos contenidos se alternan con cartelones que piden financiación a los usuarios, ya sea con suscripción o de manera puntual. Es así, con donaciones de particulares que creen estar aportando a la lucha contra la corrupción, como se mantiene Acodap. Y eso que no se le conoce una sola victoria en este ámbito en los tribunales.
Cuenta con un supuesto buzón de denuncias del que saca, según afirman en sus escritos, las barbaridades con las que acude a todo tipo de instancias, desde fiscalías y juzgados de a pie hasta la Audiencia Nacional, y a las que luego da difusión en sus canales en redes sociales como si hubiesen llegado a buen puerto. Un ejemplo: según Acodap, hace unos meses el Supremo iba a meter en la cárcel a Margarita Robles. Y no es que los grandes medios lo hayan silenciado. Es que jamás llegó siquiera a abrirse causa por lo espurio de la denuncia.
En aquel momento, lo que hizo circular en redes y plataformas fue un escrito del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Rebotaba la denuncia al Tribunal Supremo habida cuenta, por absurdo que fuese el tema, de que afectaba a una aforada. En esa Fiscalía conocen bien ya las denuncias de Acodap, como en los juzgados ordinarios. Hace unos meses la asociación pedía allí la detención del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena sin sustento alguno.
Lo mismo ahora, pero con el Juzgado Central de Instrucción 6, donde el juez Joaquín Gadea, previa consulta con la Fiscalía, ha tumbado el intento de Presencia de que se abriese causa contra Delgado y Zapatero por hechos de los que sólo consta «la burda composición de unas cartas» y que ha difundido como ciertos, hasta el punto de dar continuidad al asunto en su página web: Asegura que la fiscal General no sólo está imputada sino que «se ha fugado» para evitarlo.
La gota que colma el vaso
Para el juez Gadea, lo rocambolesco del escrito «no permite descartar en absoluto la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ex profeso» para la denuncia. Es la gota que colma el vaso. Gadea no descarta que el asunto pueda volverse contra el propio Presencia porque además de la «poca solvencia» y «el carácter poco serio y creíble» de la denuncia, parece encerrar «una intención que va más allá de lo admisible en un estado de derecho». Es «un ataque» sin más contra determinadas personas. Puede ser delictivo. Ha resuelto enviar el asunto a Talavera de la Reina por si el juzgado ordinario ve indicios contra él.
En esta última iniciativa, los documentos que aporta Presencia los pone Santiago Royuela Samit, gestor del canal de Youtube «Expediente Royuela», el mismo del que alertaba ya hace una década el Centro Nacional de Inteligencia por desinformación. Considerado el QAnon español, el canal es fruto de las teorías de la conspiración del ya veterano Alberto Royuela sobre la existencia de un complot mundial de pederastas. Sus vídeos suman más de 9 millones de reproducciones y se propagan con facilidad, como las «noticias» de Presencia. En los juzgados, no van a ningún lado, pero las redes acaban creando estado de opinión sobre falsedades. Eso quiere evitar la Audiencia Nacional. El denuncia, que algo queda.
«Expediente Royuela», teoría de la conspiración y desinformación
Las denuncias que impulsa Fernando Presencia en nombre de su asociación, Acodap, a menudo exponen que han tenido conocimiento de los hechos por el supuesto buzón anónimo que tienen a disposición del público en su página web.
En esta última ocasión, el origen de los documentos se atribuye a Santiago Royuela Samit, hijo del veterano ultraderechista barcelonés Alberto Royuela, y ya conocido por el Centro Nacional de Inteligencia. En un informe de 2010, le señalaban como agente de desinformación por los bulos que difundía a partir del llamado «Expediente Rayuela» sobre la supuesta existencia de una conspiración mundial de pederastas con ramas también en España. Su hijo y sucesor gobierna ahora el expediente en forma de canal de Youtube, donde se pueden encontrar afirmaciones como que Margarita Robles trafica con drogas o Rodríguez Zapatero ordenó matar a un fiscal. Suma más de 9 millones de visualizaciones.Leer másEspaña