El PP revalida la mayoría absoluta aunque ha perdido casi medio punto de apoyo; logra 8 concejales frente a los 5 del PSOE, los mismos resultados que en las elecciones de 2019.
Nada ha cambiado la configuración de la corporación local de Mojácar (Almería) en este domingo con respecto a 2019 tras la operación de la Guardia Civil esta semana contra la presunta compra de votos por correo que se saldó con siete detenidos, dos de ellos integrantes de la lista del PSOE, y tres investigados.El PP ha revalidado la mayoría absoluta aunque ha perdido casi medio punto de apoyo, mientras que el arresto del número 2 y del número 5 de la candidatura no ha repercutido en los socialistas, que incluso ven cómo se incrementa el apoyo en porcentaje de votos, pasando del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo. En términos absolutos, los ‘populares’ han pasado de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdido siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en esta jornada.Así, el PP ha obtenido los mismos ocho concejales, mientras que el PSOE mantiene sus cinco ediles. Nuevamente, la corporación local se la reparten entre dos fuerzas políticas dado que la tercera opción en liza, Nueva Mojácar, queda sin representantes al obtener apenas el 1,56% de los votos.Los resultados se producen tras la detención a tres días del cierre de la campaña electoral del número 2 de la lista socialista, Francisco Bartolomé Flores, quien ha resultado electo, al igual que el independiente Cristóbal Vizcaíno, incluido en el número 5, por presunto fraude electoral. Queda por ver si toman posesión de su acta o renuncian a ella. Ambos, que concurrían por primera vez en las listas socialistas, fueron puestos en libertad provisional sin medidas cautelares el pasado viernes junto con otros cuatro detenidos.La jornada electoral en el municipio de Mojácar, en el que ha subido la participación en 1,73 puntos hasta el 72,9% y ha bajado la abstención en el mismo porcentaje, tampoco ha estado exenta de incidencias reseñables más allá de ciertos momentos de tensión vividos al cierre de los colegios. La Guardia Civil ha informado de que investiga a otra persona por presunto fraude electoral, si bien desde la Subdelegación del Gobierno han precisado que esta actuación no guardaría relación con la operación que explotó el miércoles.701 SOBRES DE VOTO POR CORREO INTERVENIDOSTambién agentes de la Guardia Civil han intervenido un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio en respuesta al escrito presentado ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera este mismo domingo por el candidato socialista, Manuel Zamora, quien ha solicitado que se «custodien» para que se proceda a su «análisis pericial y judicial».En concreto, Zamora considera que dado el «extraordinario» número de votos por correo en estas elecciones Mojácar con diferencias «notables porcentuales» con las nacionales y autonómicas, junto a los «acontecimientos acaecidos», esta medida «puede constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de estos hechos denunciados por la alcaldesa».El ‘popular’ Fran García accede por primera vez a la Alcaldía mojaquera, aunque da continuidad al dominio del PP en este enclave turístico de la costa almeriense, que acumula cuatro mandatos seguidos teniendo como lideresa a la ahora número 2, la hasta ahora regidora, Rosa María Cano.Cano figura como promotora, a instancias del testimonio dado por un ciudadano particular, de una de las denuncias que impulsó la investigación por la presunta compra de votos que se sigue ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera (Almería) con diez imputados, siete de ellos arrestados por la Guardia Civil, que llegó a practicar una decena de registros domiciliarios. Sobre uno de los detenidos pesa una orden de prohibición de abandonar el territorio nacional.La campaña electoral en Mojácar solo había concentrado el foco mediático con las visitas del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y, con anterioridad, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, hasta que en la mañana del 24 de mayo explotó la operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.La desarticulación de una supuesta trama para la compra de voto por correo entre residentes de origen latinoamericano en el municipio se saldaba con el arresto de siete personas, la imputación a otras tres, y la incautación de «abundante» documentación indiciaria en la decena de registros que se practicaron en domicilios y locales.La detención de los números 2 y 5 de la lista del PSOE que encabeza Manuel Zamora pillaba por «sorpresa» y «ajeno» a su alcaldable, quien desde entonces se centró en remarcar la desvinculación personal respecto a los hechos investigados y en apelar a la «presunción de inocencia» de todos los supuestos implicados.A pocas horas de ser conducidos por los agentes de la Guardia Civil a las dependencias de la Policía Local de Vera, donde permanecieron más de 48 horas declarando antes de comparecer ante el juez, Ferraz lanzaba un mensaje de «tolerancia cero» y «contundencia», y anunciaba que se suspendía de forma cautelar de militancia y abría expediente disciplinario al Francisco Bartolomé Flores.El mismo día en que se puso en marcha la operación policial, el candidato socialista reveló que había interpuesto el 16 de mayo una denuncia ante la Guardia Civil de Garrucha en la que se informaba de que «muchos de los beneficiarios de las cestas de comida que asignaban los Servicios Sociales» del Ayuntamiento gobernado por el PP, «estarían votando por correo».Entre sus indicios, también daba a conocer la conversación con una vecina que afirmó que tanto ella como su esposo habrían firmado «una solicitud de voto por correo en el Ayuntamiento con la alcaldesa un sábado por la tarde», y que ella «le dijo que ya no tenía que hacer nada más», lo que «implicaría que tanto la señora como su esposo no estarían ni solicitando presencialmente ni recogiéndolo».El juez que autorizó la intervención del teléfono de, al menos, Cristóbal Vizcaíno, quien aparece señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia germen de la operación.En las primeras horas, buena parte de las pesquisas se orientaron a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos habían mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.Las actuaciones, que se han prolongado durante un mes y en las que se han practicado numerosas diligencias encaminadas a constatar si se esta produciendo o no fraude electoral en este municipio habría recabado «indicios claros» sobre la de captación previo pago económico o prebendas del voto por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano.Entre los investigados constan seis personas de nacionalidad española, mientras que también figuran ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador que habrían actuado como mediadores.En los registros, los agentes se incautaron de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos. Los implicados en la presunta trama habrían estado ofertando cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos esta se elevaría a 200 euros.

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