La Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) ha presentado una demanda de conciliación, previa a la interposición de una querella, contra los diputados autonómicos Carlos Carrizosa (Cs), Lorena Roldán (PP) y Sergio Macian (Vox) por un delito de calumnias e injurias.
La Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) ha presentado una demanda de conciliación, previa a la interposición de una querella, contra los diputados autonómicos Carlos Carrizosa (Cs), Lorena Roldán (PP) y Sergio Macian (Vox) por un delito de calumnias e injurias. Los representantes de las familias de este colegio, al que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado a impartir un 25 % de sus clases en catalán, han informado en un comunicado de que han presentado la demanda «en defensa del honor» de su comunidad educativa.Según la asociación, los tres diputados autonómicos, en la sesión del pleno del Parlament de Cataluña celebrada el 15 de diciembre de 2021, «hicieron manifestaciones intolerables contra nuestra comunidad educativa, especialmente contra las familias, acusándonos de acosar y agredir a la familia que solicitó que se impartiera un 50 % de las clases de nuestro colegio en lengua castellana».»Estas declaraciones no se corresponden con el clima de buena convivencia que existe en nuestra escuela ni con la actitud de las familias, que siempre hemos rechazado cualquier forma de señalamiento, intolerancia o falta de respeto», señalan. «Consideramos -añaden- que nuestra escuela ha sido objeto de criminalización por parte de algunos partidos políticos, con la voluntad de construir un relato absolutamente falso sobre la situación lingüística en las escuelas catalanas y contra el modelo lingüístico de la escuela en Cataluña».Para las familias, las manifestaciones que hicieron los tres diputados en el pleno «han atentado gravemente contra nuestro derecho al honor, y han terminado comportando y fomentando una verdadera situación de acoso y señalamiento público hacia nuestra comunidad educativa». En este sentido, recuerdan que «incluso llegaron a aparecer pintadas amenazadoras en el entorno escolar, así como insultos y descalificaciones en medios de comunicación y redes sociales. Una situación que amenaza con romper el ambiente cohesionado de nuestra escuela y afecta incluso a los derechos más básicos de nuestros niños». «Consideramos que es absolutamente irresponsable la actitud de confrontación que han tenido determinados representantes políticos y defendemos que la escuela es un entorno que requiere especial atención y amparo», argumenta la asociación de familias.También subraya que, según la legislación nacional e internacional que protege a la infancia, «la escuela es un espacio que debe tener como uno de sus principales objetivos el de preservar los derechos de los niños, y que estos los puedan ejercer en un modelo de relación y convivencia que ofrezca un marco seguro y saludable».»Premisas básicas que, desgraciadamente, han ignorado a las personas contra quienes se dirige la presente demanda de conciliación», concluyen los representantes de las familias de la escuela, que reiteran que han presentado la demanda «para preservar la seguridad y la convivencia de nuestro centro educativo, y en defensa del honor colectivo de nuestra comunidad».Las familias instan a los tres diputados autonómicos a «rectificar sus afirmaciones y a establecer mecanismos para que hechos como los que denunciamos no se vuelvan a producir».

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