La jornada ha sido impartida por el subdirector de Economía Circular, Salud y Biodiversidad de la FEMP, Luis Enrique Mecati
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha organizado una ‘webinar’ informativa sobre la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.La jornada ha sido impartida por el subdirector de Economía Circular, Salud y Biodiversidad de la FEMP, Luis Enrique Mecati, según ha informado la FAMP en una nota en la que ha puesto de relieve que dicha ley tiene por objeto «sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030, y en particular a los objetivos 12 –producción y consumo sostenibles–, 13 –acción por el clima–, y 14, sobre vida submarina. El presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recordado que la Unión Europea tiene como objetivo que, en 2025, los Estados reciclen el 55% de los residuos urbanos, pero, ya en 2035, el reto se ha fijado en que no se envíe al vertedero más del 10% de estos residuos.En este aspecto, ha advertido de que, para cumplir con estos objetivos, «a todas las administraciones locales se les exigirá un gran esfuerzo para mejorar la prestación de los servicios de recogida selectiva y reciclaje de las diferentes fracciones de residuos; y aún queda mucho trabajo por hacer».Según Rodríguez Villalobos, «se establece la obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, entre otros, para los biorresiduos, los residuos textiles y los residuos domésticos peligrosos», tras lo que ha manifestado que «las entidades locales tienen que ser actores de esa ‘revolución verde’ en la gestión de estos residuos».La secretaria general de la FAMP, Teresa Muela Tudela, ha destacado por su parte el papel del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y del Consejo Andaluz de Concertación Local «en la elaboración del proyecto de Ley de Economía Circular para Andalucía», y así como el de la federación «en el marco de la innovación pública», destacando su participación en dos grandes proyectos como son el Comité Green Deal y el Observatorio Municipal de Economía Circular de Andalucía (Omeca).INCREMENTO DE GASTO PARA ENTIDADES LOCALESPor su parte, Mecati Granado ha destacado que «la Ley va a suponer un incremento de gasto importante en la gestión de los residuos de competencia municipal», y al respecto ha detallado que la memoria de la Ley establece que, para alcanzar los objetivos previstos de la Unión Europea de aquí a 2035 en la gestión de los residuos municipales, será necesaria una inversión de 2.459 millones de euros, «de los que 1.165 deben ir dirigidos a la recogida y 397 a tratamiento de los residuos», y ha aclarado que «la mayor parte de este gasto corresponderá a las entidades locales».De igual manera, ha asegurado que a estas cantidades «hay que añadir el incremento del gasto corriente, que se cifra en 400 millones anuales, según un estudio que realizó la FEMP en 2015, para ver el coste de cumplir los objetivos del año 2020 en materia de reciclado».Ha abundado que, con esta nueva ley, las entidades locales deberán establecer la recogida separada de una serie de fracciones de residuos de competencia local, destacando de forma especial los ‘biorresiduos’ de origen doméstico, que deben recoger separadamente antes del 30 de junio de 2022 para los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto. En materia tributaria, ha destacado que se «establece una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta normativa, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía».Finalmente, Mecati Granado ha explicado el establecimiento en la ley de un «nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos como un tributo de carácter indirecto», que recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración para su eliminación o valorización indirecta, según ha especificado.
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