Las víctimas de la talidomida, a la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional que dictamine sobre el pago de ayudas a afectados y que se conocerá en 14 días, exigen al Gobierno un pronunciamiento de «perdón público» por «61 años de olvido» (desde que nació el primer afectado) y por el «ninguneo» al colectivo.
Las víctimas de la talidomida, a la espera de la sentencia de la Audiencia Nacional que dictamine sobre el pago de ayudas a afectados y que se conocerá en 14 días, exigen al Gobierno un pronunciamiento de «perdón público» por «61 años de olvido» (desde que nació el primer afectado) y por el «ninguneo» al colectivo.En declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), José Riquelme, ha dicho confiar en que la Audiencia falle a favor de su demanda, en la que reclaman al Estado 400 millones por no pagar las ayudas que recoge la ley General de Presupuestos de 2018. De no ser un fallo favorable ha anunciado que recurrirán al Supremo «y a las instancias que haga falta, Estraburgo si es necesario».Los afectados por la talidomida, un fármaco que se comercializó entre los años 50 y 60 como calmante de náuseas en los primeros meses del embarazo y que provocó miles de casos de malformaciones, no tienen un censo en España. La principal malformación que causó el fármaco en los fetos fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. El principio activo se distribuyó en todo el mundo con diferentes nombres comerciales y provocó malformaciones a unos 20.000 bebés.En España, el número de afectados oscila entre 1.500 y 3.000, según la asociación de víctimas, aunque el Instituto de Salud Carlos III, encargado de efectuar un protocolo de reconocimiento hace 4 años por el Ministerio de Sanidad, solo ha registrado, de momento, 127 casos.Respecto al «ninguneo» del Estado a sus demandas, el presidente de Avite ha explicado que, hasta ahora, las víctimas de la talidomida han recibido ayudas como cualquier discapacitado pero nada que reconozca que son discapacitados por un fármaco prescripto a sus madres durante el embarazo.»Fue un atentado farmacológico que se cometió en el cuerpo de nuestras madres. El medicamento se retiró en todo el mundo en el año 1961 pero en España se siguió administrando hasta 1965, y eso es una negligencia del Estado y de las autoridades sanitarias», ha explicado.En la demanda ante la Audiencia Nacional, Avite denuncia que el Gobierno no ha concluido el registro de afectados, ni regulado la exención fiscal de las ayudas, ni promulgado el real decreto que ordena la petición y pago de las ayudas y, en definitiva, no ha pagado las ayudas que exigía la ley general de Presupuesto del Estado de 2108, que en una disposición adicional contempla la obligación del abono con cargo a los presupuestos.Riquelme ha asegurado que España es «el único país del mundo en esta situación» ya que en el resto se han aprobado indemnizaciones a las víctimas e incluso pensiones vitalicias, desde hace décadas.De ganar esta demanda por sentencia judicial, Riquelme ha subrayado que las víctimas conseguirían una ayuda como pago único pero, en ningún caso, tendrán una pensión vitalicia porque nadie ha considerado esa solución.
