El Consejo de Ministros ha analizado en su reunión de este martes el anteproyecto de ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte.
El Consejo de Ministros ha analizado en su reunión de este martes el anteproyecto de ley para la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes en los modos de transporte. La finalidad de la investigación técnica de los accidentes es esclarecer sus causas y proponer mejoras en la seguridad mediante recomendaciones, no vinculantes. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este anteproyecto es el resultado de «un compromiso con la sociedad y las víctimas» y apuesta por la seguridad y la transparencia para esclarecer las causas de los accidentes, establecer recomendaciones y mejorar la prevención. Según ha informado el Ministerio de Transportes, la nueva autoridad tendrá personalidad jurídica propia y autonomía financiera, además de la autonomía funcional que ya tienen los tres órganos a los que sustituirá (las comisiones de investigación de accidentes en el transporte marítimo, ferroviario y de aviación civil). Este nuevo órgano contará con el mayor grado de independencia del poder ejecutivo que existe en el derecho administrativo español, la que proporciona la figura de la Autoridad Administrativa Independiente, destaca Transportes. Sus miembros serán nombrados por real decreto, previa conformidad o «inexistencia de veto» del Congreso de los Diputados, y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración del Estado. El nombramiento del presidente de la Autoridad requerirá la conformidad de la comisión parlamentaria de Transportes. Tendrán dedicación exclusiva y estarán sometido a un estricto régimen de incompatibilidades, incluyendo la prohibición de realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la Autoridad durante los dos años siguientes a su cese. Entre las fuentes de financiación de la Autoridad está la participación en lo recaudado por tasas relacionadas con la seguridad en los modos de transporte. El anteproyecto de ley incluye un régimen de información específico para las víctimas, familiares y asociaciones de víctimas, que ven fortalecida su posición jurídica en el procedimiento de investigación técnica respecto de la situación actual. Tras esta primera lectura en Consejo de Ministros ahora se recabarán los informes de los ministerios y organismos afectados y se pedirá el dictamen del Consejo de Estado. Después vuelve al Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. EFE eb-mgl/jla
