La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) se prepara para recurrir ante el Supremo el fallo de la Audiencia Nacional, hecho público este martes, que rechaza que el Estado les pague 400 millones por el retraso en la tramitación de las ayudas aprobadas en 2018 para los perjudicados por este fármaco.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) se prepara para recurrir ante el Supremo el fallo de la Audiencia Nacional, hecho público este martes, que rechaza que el Estado les pague 400 millones por el retraso en la tramitación de las ayudas aprobadas en 2018 para los perjudicados por este fármaco. En declaraciones a Efe, el abogado de Avite, Ignacio Martínez, ha señalado que no se entiende cómo se puede avalar desde la Audiencia Nacional que no se pague una ayuda «que el legislador avaló en la ley General de Presupuestos de 2018, y que cuatro años después ni está ni se le espera». Según la sentencia, Avite, con 280 socios, pero que representa a los afectados por la talidomida, un fármaco que se comercializó en los años 50 y 60 como calmante de náuseas para embarazadas pero que provocó miles de casos de malformaciones en bebés, está condenada a pagar 3.000 euros en costas. El abogado de Avite recuerda que ya en 2018 el legislador dijo que estas ayudas tenían que abonarse de manera «urgentísima porque estos señores se estaban muriendo, y cuatro años después nos encontramos con esta sentencia». «No se paga, no se cumple una ley y encima lo avala la Audiencia Nacional. Eso es lo que tenemos», añade. Para Martínez, el fallo es el resultado de que los afectados no importan, «la talidomida no cuesta votos, dentro de una semana nadie hablará de esto, no van a pagar y punto. De acciones como esta, no existen precedentes en España». La sentencia rechaza todas las alegaciones de los recurrentes y concluye que no se puede afirmar que la conducta de la Administración se haya desviado o que haya entorpecido de una manera arbitraria la voluntad del legislador. Además de este dinero por retraso en la tramitación de ayudas, los afectados por la talidomida vienen exigiendo al Gobierno un pronunciamiento de «perdón público» por «61 años de olvido» (desde que nació el primer afectado) y por el «ninguneo» al colectivo. En España, el número de afectados oscila entre 1.500 y 3.000, según la asociación de víctimas, aunque el Instituto de Salud Carlos III, encargado de efectuar un protocolo de reconocimiento hace 4 años por el Ministerio de Sanidad, solo ha registrado, de momento, 127 casos. Todos estos años, los afectados por la talidomida han reclamado, sin éxito, la elaboración de un censo. La principal malformación que causó el fármaco de la talidomida en los fetos fue la focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. El principio activo se distribuyó en todo el mundo con diferentes nombres comerciales y provocó malformaciones a unos 20.000 bebés. El medicamento se retiró en todo el mundo en el año 1961 pero en España se siguió administrando hasta 1985, según Avite. EFE bf/fg

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