La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha lamentado este miércoles que «no se ha producido» un diálogo con el Gobierno para decidir de forma conjunta las políticas a evaluar en la primera fase del Spending Review 2022-2026, pese a que estaba previsto.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha lamentado este miércoles que «no se ha producido» un diálogo con el Gobierno para decidir de forma conjunta las políticas a evaluar en la primera fase del Spending Review 2022-2026, pese a que estaba previsto.»Quiero pensar que todo mejorará» en las próximas fases, ha añadido, y que esta falta de diálogo se ha debido a la urgencia por cumplir los hitos del Plan de Recuperación, ha aclarado la presidenta durante la rueda de prensa de presentación de la nueva área de evaluación del gasto público de la AIReF.En cualquier caso, ha confiado en que las políticas esbozadas para futuras fases no compongan «una lista cerrada», sino que puedan incorporar propuestas de la AIReF como avanzar en la evaluación de temas sanitarios, de educación, medio ambiente o de la ley de dependencia.Actualmente la AIReF trabaja en el plan de acción de la primera fase del Spending Review 2022-2026, que estará centrada en el mutualismo administrativo, lo que afecta a unos 2.200 millones de euros, y los instrumentos de apoyo financiero a sectores productivos, que de incluir las medidas movilizadas durante la pandemia -algo todavía no aclarado- alcanzaría los 140.000 millones.Las siguientes fases se dedicarán a la evaluación de la ayuda oficial al desarrollo, el marco financiero plurianual, las políticas de empleo y la incapacidad temporal.La AIReF también trabaja en la tercera fase del Spending Review 2018-2021, dedicado a los instrumentos de apoyo a sectores productivos y residuos urbanos, que va con retraso porque el plan de acción se aprobó más tarde de lo previsto y que afecta a unos 13.850 millones de euros.Herrero ha recordado que el Spending Review 2018-2021 ya evaluó, en una primera fase, las subvenciones (con 32.000 millones afectados) y, en la segunda, sanidad, empleo e infraestructuras ferroviarias (57.900 millones).Más allá del Spending Review, la primera evaluación del ingreso mínimo vital (IMV) se centrará en el diseño, resultados e implementación de la prestación y en futuras ediciones abarcará cuestiones como los itinerarios de inclusión o la simplificación de las prestaciones.HERRERO RECLAMA MAYOR AUTONOMÍA EN MATERIA DE PERSONALHerrero ha insistido en la necesidad de contar con total independencia presupuestaria y en materia de personal, que actualmente está restringido a los parámetros habituales de la oferta de empleo público.»No hay cultura evaluadora en nuestro país», ha recordado, por lo que no hay muchos profesionales adecuadamente formados y, por ello, es necesario incorporar profesionales de otras administraciones, académicos y del sector privado.Herrero también ha reclamado un reconocimiento legal de acceso al dato con fines de evaluación, que «actualmente está muy restringido» y que espera que se aclare en la reforma de la ley de estadística pública o la futura ley de evaluación.»Es necesario poner el foco en gastar mejor, no necesariamente en gastar menos», ha defendido Herrero, que ve «más que justificada» la apuesta por la evaluación porque permite mejorar la calidad de las finanzas públicas y conocer la eficacia de las políticas.»Se están concretando elementos claves para consolidar la evaluación de la AIReF», ha celebrado, aunque esta «apuesta ambiciosa» requiere una adecuada planificación y diálogo entre administraciones.En ese sentido, ha planteado la posibilidad de que organismos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o las conferencias sectoriales participen en la coordinación y planificación de los procesos de evaluación pública.Con respecto a una eventual evaluación del Plan de Recuperación, Herrero ha apuntado que es «imposible» hacerlo en su integridad, pero que sí se analizarán cuestiones como las reformas fiscal o de pensiones por su impacto en términos fiscales y macroeconómicos.

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