Resolvemos estas cuestiones con Carlos Pérez del Valle, Catedrático en Derecho Penal en la Universidad San Pablo CEU
Existe un término que, en las últimas semanas, ha adquirido mucho protagonismo en los medios de comunicación. El ‘conseguidor’, una especie de intermediación que habría hecho supuestamente el hermano de Isabel Díaz Ayuso para obtener una comisión a través de un contrato de carácter público. Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, aseguró en rueda de prensa que «ese contrato pasó y ha pasado todos los controles previos y posteriores internos de la Comunidad de Madrid y externos y toda la transparencia». Ruiz Escudero, consejero madrileño de Sanidad también defendió en la misma rueda de prensa «la legalidad» de este contrato que se ejecutó con carácter de emergencia durante la pandemia. «Los expedientes de contratación covid se han ajustado siempre a procedimiento arreglo a derecho y los procedimientos legales. Nuestra gestión ha sido honrada siempre», afirmó.Sea o no lícito esto que se produjo, lo que está claro es que hemos leído y escuchado en todos los medios el término. ‘Conseguidor’. La gran pregunta es: ¿qué es un ‘conseguidor’? ¿a qué se dedica? ¿cuál es su objetivo? ¿trabaja de un modo legal o ilegal?Carlos Pérez del Valle es Catedrático en Derecho Penal en la Universidad San Pablo CEU. En una época fue juez y se enfrentó a todo tipo de delitos económicos. Del Valle ha asegurado que «la polémica tiene que ver con que el conseguidor haya prestado o no haya prestado un servicio. Si busca, sobre todo en relación con la Administración, determinados contratos, hay un delito previsto también para los funcionarios que es el tráfico de influencias». ¿Y qué es el tráfico de influencias? Resolvemos la duda con el experto. «Es aquel que trata de influir en funcionarios y autoridades para conseguir un trato de favor y dinero. Es verdad que para probarlo uno tendría que demostrar que esas gestiones se han producido y que no ofrecen ningún otro servicio».»SE ENFRENTAN A MESES DE PRISIÓN Y HASTA LOS DOS AÑOS» Además, añadía que «aquí se trata de la influencia del contacto. Cuando hablamos de ello, lo que tengo que demostrar es que la relación por la cual el sujeto quiere llegar a tener la capacidad de influir en la decisión y se puede demostrar».Se trata de que el sujeto que se encuentra en esa posición se aprovecha y el delito está previsto tanto para el particular y el funcionario que influye, a su vez, sobre otros funcionarios. En este caso, se enfrentan a meses de prisión hasta los dos años. Si el delito lo comete un particular, se le prohíbe la contratación con el sector público y de obtener subvenciones.En la práctica internacional, existen los denominados ‘conseguidores legales’, los lobbys. «Pero como todo tipo de actividad, tienen que hacerlo dentro de unos márgenes para que tengan una actuación legal. Lo normal, como en cualquier delito, uno intenta evitar que le pillen. También ha habido épocas, momentos y circunstancias en las que determinadas personas se dedican a este tipo de intermediación y son totalmente lícitas. Pero bueno, tampoco sería de extrañar que no fuese un caso aislado sino que hubiesen personas que lo hagan de forma continuada».Por tanto, el ‘conseguidor’ actúa de manera ilegal ya que aprovecha sus relaciones con personas que trabajan para la Administración pública para obtener contratos. No obstante, no debemos confundirlos con los ‘lobbys’, que ejecutan un tipo de intermediación totalmente legal.

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